NUE-9-ADP-2017 (OC)
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con cuarenta y dos minutos del día once de agosto del año dos mil diecisiete.
	El 18 de julio de este año, la oficial de información de la Fiscalía General de la República (FGR), remitió el expediente administrativo del presente procedimiento, el cual fue requerido por este Instituto.
	I. Antes de analizar la admisibilidad de esta apelación, haremos algunas consideraciones relacionadas con el derecho a recurrir de los actos y omisiones de la administración pública que limitan el derecho a la protección de la información de los particulares; es decir, a los denominados “derechos ARCO”: acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos personales.
      Para ello nos referiremos al requisito de la “impugnabilidad objetiva”, como elemento de la pretensión en los recursos de apelación presentados ante este Instituto en contra de las decisiones que tienen como efecto limitar el derecho a la autodeterminación informativa (A); con el objeto de establecer si es procedente o no declarar la improponibilidad del recurso y en particular, si la Unidad de Acceso a la Información Pública del ente obligado está facultada para entregar la información requerida (B).
	A. El procedimiento para ejercer el derecho a la protección de datos personales, según el artículo 38 de la LAIP, establece la posibilidad de impugnar la resolución del oficial de información que deniegue la entrega de informes, la consulta directa, rectificación, actualización, confidencialidad o supresión de datos personales, así como la falta de respuesta, los que constituyen los motivos de la denominada “impugnabilidad objetiva”, conforme al Art. 83 letra a. y b. de la LAIP.
      Preliminarmente, se advierte que la LAIP no establece cuál es el procedimiento a seguir, o si se aplicará supletoriamente alguna norma procesal, en el supuesto que el oficial de información no tramite la solicitud de acceso a datos personales, con base a una incompetencia o en algunas de las excepciones del Ar. 74 de la Ley; es decir, no configura un mecanismo por medio del cual se pueda controlar la actividad del oficial de información y que sea factible de provocar la reforma, revocación o anulación de la decisión que se considera incorrecta.
      Para solventar tal situación, la jurisprudencia constitucional1 ha sostenido que, en casos similares, resulta pertinente acudir al estatuto jurídico- procesal de la institución a la que se le ha dado la competencia para conocer de determinado tipo de pretensiones; en el caso, las que garanticen la protección no jurisdiccional de los derechos ARCO de los particulares, cuando su información privada esté administrada o en poder de los entes obligados a la LAIP. 
      En ese sentido, podemos afirmar que el estatuto jurídico procesal que constituye el margen de actuación para este Instituto es, sin duda, la LAIP, normativa que desarrolla los diversos trámites y procedimientos atinentes a la materia; por lo que es en esa misma Ley donde debe buscarse la integración de alguna figura de impugnación que resulte pertinente y adecuada a los fines de la disposición omisa.
      En efecto, los Arts. 38 y 83 letra a. y b. de la LAIP habilitan la interposición del recurso de apelación contra la resolución emitida por el oficial de información.
      En ese orden de ideas, al existir en las solicitudes iniciadas con base en la LAIP un fundamento análogo -la tutela del derecho a la protección de datos personales- resulta pertinente integrar la normativa, realizando una interpretación conforme a la Constitución y habilitar para la resolución, emitida con ocasión de este tipo de reclamos, el recurso de apelación, con el objeto de que este Instituto, previo estudio de la cuestión decidida por la resolución recurrida, la confirme, reforme, revoque o anule, de acuerdo con el Art. 96 de la LAIP.
      De lo contrario implicaría propiciar zonas exentas de control de la protección no jurisdiccional de las actuaciones del oficial de información y negar a los particulares el derecho constitucional de recurrir contra las decisiones que les causan agravios; en el caso, que le deniegan la posibilidad procedimental de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de sus datos personales.
      B. Efectuadas las anteriores consideraciones, estimamos que si se declara la improponibilidad del recurso interpuesto bajo el criterio de falta de “impugnabilidad objetiva”, se vulnera el derecho a recurrir de los particulares; razón por la cual deberá estimarse el motivo que origina el agravio; es decir, el argumento de la falta de competencia de la UAIP de la FGR y de la procedencia de la entrega de la información, para que la controversia pueda ser conocida y resuelta por este Instituto mediante el recurso de apelación previsto en la LAIP.
       II. Dicho lo anterior, es pertinente analizar los requisitos de forma del recurso interpuesto por la señora xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, quien solicitó a la UAIP de la FGR lo siguiente:
      a) Copia certificada de expediente con referencia 191.UDV-2-15, generado y resguardado en la Sede Fiscal del Municipio de San Marcos, Departamento de San Salvador, en virtud de denuncia interpuesta por mi persona en el año 2015, relativa a la desaparición de mi hija, la menor de edad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
      La oficial de información de la FGR resolvió que la petición está fuera del alcance de la LAIP debido a que la Fiscalía General de la República, ya cuenta con un procedimiento interno a fin de realizar dichas gestiones por parte de los ciudadanos, con base en los Arts. 50 literales b) y c) de la LAIP y 76 del Código Procesal Penal, por lo que orientó a la solicitante que para obtener la información solicitada  debía de acudir directamente a la Oficina Fiscal de San Marcos, departamento de San Salvador.
      Al analizar los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación, se ha verificado que los cumple, incluido el de temporalidad, debido a que la resolución emitida por la oficial de información de la FGR fue notificada por medios electrónicos el 5 de enero de 2017, por lo que conforme al Art. 102 de la LAIP, con relación al Art. 178 del Código Procesal Civil y Mercantil, se entiende notificada 24 horas después; es decir, el 6 del mismo mes y año, teniendo hasta el 13 de enero para interponerlo.
      Con base a lo anterior y los artículos 36, 38, 82, 83, 86 y 102 de la LAIP, este Instituto resuelve:
      a) Admitir el recurso de apelación interpuesto por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la Fiscalía General de la República (FGR), el 16 de enero y notificada el 18 de enero del presente año.
      b) Designar a la comisionada Olga Noemy Chacón de Hernández, para que, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la admisión de este recurso, de trámite al procedimiento, forme el expediente, recabe pruebas y elabore un proyecto de resolución que someterá al pleno de este Instituto.  
      c) Requerir a la oficial de información de la FGR que, de conformidad con el artículo 82 Inc. 2º de la LAIP, en el término de veinticuatro horas contados a partir de la recepción de la correspondiente notificación, remita a este Instituto original o copia certificada del expediente administrativo relacionado con el presente caso.
      d) Requerir a la FGR que, por medio de su titular, dentro del plazo de siete días hábiles contados a partir de la notificación respectiva, rinda el informe a que se refiere el artículo 88 de la LAIP, ofreciendo los medios probatorios que considere pertinentes para fundamentar sus alegaciones.
      e) Hacer saber al titular del ente obligado que las resoluciones de este Instituto se le notificaran por medio de su correo electrónico, por lo que deberá señalarlo para tal efecto y acusar de recibido dentro de las veinticuatro horas siguientes después del envío; caso contrario, toda resolución se le notificará por cartelera o tablero. Asimismo, deberá indicar, por lo menos, un número de teléfono al cual pueda contactársele. 
      f) Hacer saber a las partes que toda la documentación presentada en este Instituto por medios electrónicos debe ser remitida a la dirección: oficialreceptor@iaip.gob.sv y en el caso de los documentos que acrediten personería e informe del artículo 88 de la LAIP, deberán ser remitidos en original.
      g) Notificar al apelante de esta resolución por medio de su correo electrónico: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; y a la FGR, por medio de su oficial de información, en la dirección de su correo electrónico: transparenciainstitucional@fgr.gob.sv, dejándose constancia impresa, en todos los casos, de haberse realizado las notificaciones.
      Notifíquese.



PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.       
cc
1 Sentencia de definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 14 de enero de 2015, en el proceso de amparo de referencia 444-2012.
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