
NUE 42-ADP-2017 (CO)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contra Municipalidad de Ahuachapán
Resolución Definitiva
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once  horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecisiete.
      1. Descripción del Caso
	I. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx presentó ante la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la Municipalidad de Ahuachapán, solicitud de datos personales, relativa a: “ fotocopias certificadas de planillas de pago del tiempo laborado en la Alcaldía Municipal de Ahuachapán desde el mes de marzo de 1986 hasta el mes de junio de 1996; pero las planillas solicitadas son del año 1987, específicamente de los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre; del año 1989, los meses respectivos a enero, febrero y marzo; y del año 1990, del mes de diciembre”.
      El oficial de información resolvió declararse imposibilitado de entregar la información solicitada, debido a que la Unidad Municipal de Gestión Documental y Administración de Archivos no remitió ninguna respuesta dentro del plazo concedido por la UAIP.
      II. La apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto, el cual fue admitido, se designó al comisionado Carlos Adolfo Ortega Umaña, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución, y se requirió a la Municipalidad de Ahuachapán que rindiera el informe justificativo, sin embargo, no fue remitido.
      Ambas partes, no asistieron a la audiencia oral, pese a habérseles notificado en legal forma.
      B. Análisis del Caso.
      El examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) Consideraciones sobre la protección de datos personales; y, (II) determinar la obligación del ente obligado de entregar la información.
      I. Los datos personales son necesarios para que una persona pueda interactuar con otras, o con una o más organizaciones sin que sea confundida con el resto de la colectividad, y para que pueda cumplir con lo que disponen las leyes. 
      No obstante, el uso extensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones ha permitido que, en muchas ocasiones, los datos personales sean tratados para fines distintos para los que originalmente fueron recabados, así como transmitidos sin el conocimiento del titular, rebasando la esfera de privacidad de las personas y lesionando, en ocasiones, otros derechos y libertades. A fin de equilibrar las fuerzas entre las personas y aquellas organizaciones –públicas o privadas- que recaban o colectan datos de carácter personal, surge la necesidad de su protección. 
      Bajo el concepto de protección de datos personales o autodeterminación informativa, el titular (o dueño) de dichos datos es la propia persona, lo que implica el derecho a elegir qué se desea comunicar, cuándo y a quién, manteniendo el control personal sobre su propia información. 
      Es importante señalar que el tratamiento de datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transparencia o por difusión, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. Este, en principio, depende del conocimiento y consentimiento del titular del dato personal, sin embargo, existen excepciones legales a esos presupuestos.
      Por otro lado, dicho tratamiento debe ser regido por los principios que informan al derecho a la protección de datos personales (legalidad, veracidad, finalidad, previo consentimiento informado, seguridad, confidencialidad y responsabilidad); asimismo debe facilitar los mecanismos para el ejercicio de los derechos de los titulares de los datos personales, como: acceder, rectificar, cancelar u oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos, en posesión de entes del Estado (Art. 36 de la LAIP) o de una entidad privada. 
      Es preciso aclarar que la LAIP solo regula los mecanismos de ejercicio y protección a los datos personales que se encuentren en posesión y tratamiento en bases de datos de los entes públicos obligados a la Ley. 

                II. En el presente procedimiento, el oficial de información del ente obligado resolvió que se encontraba imposibilitado de entregar la información solicitada, debido a que la Unidad Municipal de Gestión Documental y Administración de Archivos no remitió ninguna respuesta dentro del plazo concedido por la UAIP.
      Al analizar el expediente administrativo, en folio 8, consta que el oficial de información solicitó la información objeto de la presente controversia, a la Jefa de la Unidad Municipal de Gestión Documental y Administración de Archivos, quien no contesto su requerimiento.
      Es importante mencionar que el tipo de información solicitada por la apelante es información que le concierne a su persona, por lo que no existe justificación alguna para no entregarla de conformidad con el Art. 31 de la LAIP. Asimismo, el oficial de información debió ordenar su entrega en su resolución y notificar inmediatamente a este Instituto de la conducta de la responsable de la Unidad a la que fue requerida la información.
      En consecuencia, este Instituto considera modificar la resolución del oficial de información y ordenar a la Municipalidad la entrega de la información en la forma solicitada por la apelante; asimismo, abrir de oficio un procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la Jefa de la Unidad Municipal de Gestión Documental y Administración de Archivos, Sandra Castaneda de Roldan, debido a que existen indicios del posible cometimiento de la conducta tipificada en el apartado de las infracciones graves del Art. 76 letra “c” de la LAIP, “No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el oficial de información”. 
      C. Decisión del caso:
      Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y arts. 58 letra “d”,  76, 90, 94, 96 letra d y 102 de la LAIP, 79 y 80 del RELAIP, y 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, a nombre de la República, este Instituto Resuelve:
      a) Modificar la resolución definitiva del oficial de información de la Municipalidad de Ahuachapán, de las dieciséis horas del 12 de mayo de 2017, en el sentido de ordenar la entrega de la información y la notificación respectiva a este Instituto.
      b) Ordenar a la Municipalidad de Ahuachapán, que en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución, entregue a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, las fotocopias certificadas de planillas de pago del tiempo laborado en la Alcaldía Municipal de Ahuachapán desde el mes de marzo de 1986 hasta el mes de junio de 1996; con énfasis en las planillas del año 1987, específicamente de los meses de enero, febrero, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre; y las del año 1989, los meses respectivos a enero, febrero y marzo; y del año 1990, del mes de diciembre, so pena de iniciar procedimiento sancionatorio por incurrir en una falta muy grave, consistente en negarse a entregar la información ordenada por este Instituto.
      c) Ordenar a la Municipalidad de Ahuachapan que, en el plazo de veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento, que incluya algún registro en el que conste la documentación entregada a la apelante así como su recepción, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido por vía electrónica a la dirección: fiscalización@iaip.gob.sv. 
      d) Remitir el presente expediente a la Unidad de Fiscalización de este Instituto para que verifique el cumplimiento de esta resolución.
      e) Abrir de oficio el procedimiento administrativo sancionatorio en contra de la servidora pública Sandra Castaneda de Roldan, debido a que existen indicios del posible cometimiento de la conducta tipificada en el apartado de las infracciones graves del Art. 76 letra “c” de la LAIP, “No proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por el oficial de información”. Dicho caso se tramitara con la referencia NUE 3-O-2017.
      f) Publíquese esta resolución, oportunamente.

      Notifíquese.-

	

PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.
CC
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