

NUE 1-ADP-2017 (CO)
xxxxxxxxxxxxxxxxx contra Fiscalía General de la República
Recurso de Revocatoria
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas del nueve de octubre del año dos mil diecisiete.
	xxxxxxxxxxxxxx a través de su apoderado xxxxxxxxxxxxxxxxx, manifestó su posición frente al recurso interpuesto por la Fiscalía General de la República a través de su apoderado Néstor Antonio Guzmán Cornejo. 
	Motivos de Impugnación:
	La FGR fundamenta —en síntesis— su recurso en contra del auto de admisión emitido a las once horas con cuarenta y dos minutos del 29 de mayo del presente año, en lo siguiente:     1. Vulneración al Principio de Legalidad por carecer de impugnabilidad objetiva el recurso de apelación interpuesto por el señor xxxxxxxxxxxxxx; 2. Que la solicitud presentada por el apelante, no es de datos personales, sino que, es relativa a conocer información de investigaciones fiscales; y, 3. Que la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) no es la competente para tramitar solicitudes sobre expedientes de investigación fiscal.
	A efecto de resolver el recurso planteado por la FGR, este Instituto realizará las siguientes consideraciones, conforme a los motivos planteados:
	I. El apoderado de la FGR señaló —luego de la trascripción de algunos puntos de la admisión y del recurso de apelación del señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx— que el recurso de apelación carece de impugnabilidad objetiva, debido a que no existe una causal de interposición, en los Arts. 82 y 83 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que señale que se puede impugnar la resolución del oficial de información cuando éste reorienta al particular, sobre la vía para acceder a la información.
      La Jurisprudencia Constitucional de nuestro país1 y retomada por este Instituto, ha sostenido que cuando no se configura un mecanismo por medio del cual se pueda controlar una decisión de un servidor público y que sea factible provocar su reforma, revocación o anulación de la decisión que se considera incorrecta, resulta pertinente acudir al estatuto jurídico procesal de la institución a la que se le ha dado la competencia para conocer de determinado tipo de pretensiones; en el caso en concreto, las que garanticen la protección no jurisdiccional de los derechos que establece la LAIP. 
      En ese sentido, se reitera que el estatuto jurídico procesal que constituye el margen de actuación para este Instituto es sin duda la LAIP; normativa que desarrolla los diversos trámites y procedimientos atinentes a la materia, por lo que es en esa misma Ley donde debe buscarse la integración de alguna figura de impugnación que resulte pertinente y adecuada a los fines de la disposición omisa.
      En ese orden de ideas, como se ha mencionado en el auto impugnado, al existir en las solicitudes iniciadas con base en la LAIP un fundamento análogo, resulta pertinente integrar la normativa, realizando una interpretación conforme a la Constitución y habilitar para la resolución, emitida con ocasión de este tipo de reclamos, el recurso de apelación, con el objeto de que este Instituto, previo estudio de la cuestión decidida por la resolución recurrida, la confirme, reforme, revoque o anule, de acuerdo con el Art. 96 de la LAIP.
      En ese contexto este Instituto afirma que la procedencia de la interposición del recurso de apelación, no solo es para las causales establecidas en los Arts. 82 y 83 de la LAIP, sino también para aquellas decisiones del oficial de información que puedan causar agravio, evitando que se creen zonas exentas de control administrativo y salvaguardando el derecho a recurrir de todo ciudadano, en aplicación directa a la Constitución, ya que negarlo sin fundamento supondría no observar derechos de rango constitucional, por lo que no existe vulneración al principio de legalidad como sostiene la FGR, por tanto se debe desestimar este motivo de la revocatoria.
      II. La FGR a través de su apoderado, señala que la solicitud presentada por el apelante xxxxxxxxxxxxxxxxx, no fue en el ejercicio del derecho a la protección de datos personales; es decir, su intención no es acceder, rectificar, cancelar u oponerse (derechos ARCO) al tratamiento de sus datos personales, sino acceder a información relativa a investigaciones fiscales y la calidad procesal que ostenta.
      Por su parte, el apelante xxxxxxxxxxxxxxx a través de su apoderado, manifestó que la calificación de una solicitud de información; es decir, determinar si es sobre información pública, reservada o confidencial, no depende del apelante, sino en la propia naturaleza o característica de la información.
      a) La LAIP se encuentra integrada por un conjunto de obligaciones para los entes obligados2, principios, procedimientos y reglas objetivas que permiten el efectivo ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de datos personales en poder de entidades estatales. 
      Entre las obligaciones que les impone la Ley a los entes obligados, es la creación de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP)3, a cargo de un oficial de información. Entre sus funciones, se encuentra el trámite de solicitudes de información, independientemente estas sean de información pública o confidencial, dar asistencia a los solicitantes, ser el vínculo de estos con la Institución; así como realizar todas las gestiones necesarias a fin de facilitar el acceso a la información y los derechos ARCO4.
      b) En consecuencia de lo anterior,  y en aplicación a los principios de antiformalidad a favor del administrado, sencillez y oficiosidad, el oficial de información es el encargado de identificar las solicitudes de acuerdo a la naturaleza de la información, con el objeto de realizar el trámite adecuado, más aun cuando sean de aquellas reguladas en el Art. 36 de la LAIP. 
      En ese sentido, este Instituto considera que el argumento de la FGR, de rechazar el recurso de apelación debido a que el apelante no indicó que era una solicitud de información de datos personales, es inválido.
      III. Finalmente, la FGR argumenta que la UAIP no es la competente para tramitar solicitudes sobre información de investigaciones fiscales (incluso aduciendo la protección de datos personales), debido —en síntesis— a que el Art. 80 del Código Procesal Penal (CPP), establece la vía específica para acceder a dicha información, en relación al Art. 110 letra f. de la LAIP, que establece que la Ley reconoce la vigencia de todas aquellas normas contenidas en leyes procesales relativas al acceso a expedientes durante el periodo de su tramitación; lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia constitucional de los autos emitidos en los procesos de referencia 7-2006 y 6-2012, retomadas por este instituto en la resolución definitiva NUE 23-A-2015. 
      Por su parte, el señor xxxxxxxxxxxxxxx argumenta que el Art. 80 del CPP no excluye a la LAIP, debido a que dicha norma no establece un procedimiento específico para el acceso a datos personales vinculados a la indagación de una calidad procesal dentro del ente obligado, por lo que sostiene que no es posible aplicar la preferencia establecida en el Art. 110 de la LAIP y el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre ese efecto.
      1. Este último argumento representa el objeto central de la presente controversia que en aras de brindar celeridad y eficacia al procedimiento, es pertinente resolverlo en esta etapa, ya que al analizar los argumentos de ambas partes y lo consta en el expediente, se traduce a un asunto de mera legalidad de conformidad con el Art. 102 de la LAIP en relación a los Arts. 20 y 310 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM). 
      2. a) Las diligencias de investigación son un procedimiento penal de carácter preprocesal a disposición de la FGR para coadyuvar su labor de dirigir la investigación del delito y cuya finalidad es esclarecer los hechos que constituyen su objeto, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 193 numerales 3 y 4 de la Cn. en relación con los Arts. 270, 272 del CPP y 18 literal d) de la Ley Orgánica de la FGR. 
      Dichas diligencias como procedimiento penal se encuentra conectado con la actividad jurisdiccional; por tanto, no es un acto administrativo gubernamental típico y prueba de ello, es que parte de su regulación se encuentra en los Arts. 76, 80 y 270 del CPP. Es importante aclarar, que en ningún momento se le está atribuyendo a la FGR una función jurisdiccional, pero no cabe duda que realiza una actividad que tiene una íntima relación con el proceso penal.  
      En este sentido, dichas diligencias no se encuentran enmarcadas dentro de la actividad de carácter gobernativo que lleva a cabo la FGR, sino que tratándose de una actividad que está ligada al proceso penal, el régimen jurídico aplicable a de ser el previsto para las actuaciones judiciales. 
      b) En línea con lo anterior, la LAIP en el Art. 110, ha establecido algunas excepciones de leyes que continuaran en vigencia, aunque contengan normas que podrían contrariarla, entre ellas, se encuentra en la letra f., las normas contenidas en leyes procesales, en cuanto al acceso a expedientes durante el periodo de su tramitación, así como las destinadas a preservar la intimidad de las personas o la identidad de menores de edad en materia procesal de familia, violencia intrafamiliar o de menores.
      Con respecto a esto último, toda la jurisprudencia ha sido constante en aplicar las normas procesales para acceso a información jurisdiccional o que se ligue a esta (Auto de trámite de la Sala de lo Contencioso de las doce horas del 29 de julio de 2013 de referencia 76-B-2001; y, auto de trámite de la Sala de lo Constitucional de las diez horas del 20 de agosto de 2014, referencia Incons. 7-2006).
      Por consiguiente, estando las diligencias de investigación fiscal ligadas al proceso penal, el régimen jurídico para ejercer el acceso a los datos personales contenidos en ellas, y otros derechos enmarcados en la autodeterminación informativa no es la LAIP, sino el CPP, como parte instrumental de los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa; esto lo confirman los Arts. 80 y 270 parte final, en donde este último establece que es el juez el competente para dirimir la discrepancia, en los casos en el que el fiscal mediante resolución fundada, decrete el secreto de dichas actuaciones.
      Por ello, sostener que el Instituto puede conocer de denegatorias de acceso a diligencias de investigación fiscal u obtener información relacionada a ellas, sería una clara invasión de competencias exclusivas de la Jurisdicción penal. Por ende, la UAIP de la FGR no está obligada a tramitar solicitudes que se relacionen con expedientes fiscales, sino debe orientar a los particulares, la vía adecuada para acceder a la misma. 
      c) No obstante lo anterior, es pertinente que la FGR de a conocer de forma clara el procedimiento para acceder a la información concerniente a las diligencias de investigación; asimismo, se recomienda que a través de su normativa interna con fuerza vinculante o por medio de la búsqueda de reformas al CPP, se establezca un plazo razonable de respuesta, a quién deben dirigir dichas solicitudes. También, deben señalar que en los casos que el Fiscal decrete el secreto de la documentación, existe la posibilidad de recurrir ante la vía jurisdiccional.
      Por lo antes expuesto, este Instituto como máximo garante del ejercicio del derecho a la protección de datos personales y acceso a la información pública, considera reiterar el criterio emitido en la resolución de las catorce horas con diez minutos del 11 de mayo de 2015 de referencia 23-A-2015, por lo que, es oportuno ratificar la orientación brindada al apelante, y expresar que puede hacer uso de los canales establecidos por el CPP para el acceso de los expedientes fiscales.
      Asimismo, sobre la inexistencia del trámite de la solicitud, se confirma debido a que no hubo un trámite en la solicitud de información.
      Por todo lo antes expuesto es procedente confirmar la decisión de la FGR y, en consecuencia, dar lugar el recurso planteado, sobre ese punto.
      De conformidad a las disposiciones antes mencionadas, Arts. 6 y 18 de la Constitución, Arts. 95, 96 y 102 de la LAIP; Arts. 20, 217, 503, 505 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), a nombre de la República de El Salvador, este Instituto resuelve:
      a) Confirmar la resolución emitida por la oficial de información de la Fiscalía General de la República (FGR), a las nueve horas con treinta minutos del 3 de enero de 2017, por las razones antes expuestas, y por ende dar lugar, al recurso de revocatoria planteado por dicho ente obligado.
      b) Recomendar a la FGR que, publique el procedimiento para acceder a la información concerniente a las diligencias de investigación fiscal; asimismo, se recomienda que establezcan plazos razonables de respuesta, y a quienes deben dirigir dichas solicitudes. También, deberán señalar que en los casos que el Fiscal decrete la reserva de la documentación, existe la posibilidad de recurrir ante la vía jurisdiccional.
      c) Devolver el expediente administrativo relacionado con el presente caso a la oficial de información de la FGR, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. El referido expediente deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicho servidor público o por persona debidamente autorizada. 
      d) Archivar definitivamente este expediente, una vez quede firme la presente resolución.


PRONUNCIADA POR LA COMISIONADA Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.
cc
1 Sentencia de definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional el 14 de enero de 2015, en el proceso de amparo de referencia 444-2012.

2 Art. 7 de la LAIP.
3 Art. 48 de la LAIP.
4 Arts. 68 y 69 de la LAIP.
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