


NUE 5-DDP-2017
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx contra Quijada Cartagena, Solís y otro
Improponibilidad

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las once horas con cincuenta y dos minutos del once de diciembre de dos mil diecisiete.
      El 9 de noviembre de este año, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx interpuso una denuncia en contra de los servidores públicos que laboran en el Instituto Salvadoreño del Seguro SociaL (ISSS), Roberto Quijada Cartagena, quien se desempeña en el departamento de investigación y docencia en salud; Morena Solís, en la coordinación docente de la especialidad de medicina física y rehabilitación; y, Ricardo Flores Salazar, de la jefatura de políticas de salud y la subdirección de salud, debido a ciertas irregularidades que han cometido en su proceso de graduación de la Especialidad de Medicina Física y Rehabilitación.
      I. Como parte de la garantía del respeto pleno al Derecho a la Protección No Jurisdiccional, este Instituto debe verificar que los recursos de apelación y las denuncias interpuestas cumplan plenamente con los requisitos de admisibilidad y proponibilidad establecidos en la Ley. Este análisis preliminar de admisibilidad debe estar matizado por la flexibilidad que debe revestir los procedimientos tramitados ante esta sede administrativa; y, tiene por propósito verificar si, con base en el artículo 102 de la  LAIP en relación con los artículos 90, 91, 277 y 278 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), los escritos presentados y las peticiones planteadas cumplen con los requisitos mínimos necesarios para darles trámite y para, en consecuencia, respetar todas la garantías procesales de las partes y sujetos intervinientes. 
      En ese sentido, sin contrariar lo antes expuesto, este Instituto advierte que la denuncia interpuesta por la ciudadana xxxxxxxxxxxxxxx no cumple con los requisitos formales establecidos en la LAIP, debido a  que no se encuentra plasmada su firma o huella que brinde certeza a este Instituto sobre su voluntad de interponerla.
      Por otro lado, pese a que no cuenta con el requisito de forma y que correspondería ?en principio— efectuar una prevención, en atención a los principios de celeridad, economía procesal, ordenación del proceso y congruencia, es oportuno realizar un examen de procedencia de la denuncia planteada, es decir, una valoración liminar, o sea, inicial, que permita determinar si las conductas descritas por la denunciante se enmarcan dentro de los tipos establecidos en el artículo 76 de la LAIP, ya que, tal como lo establece la jurisprudencia contencioso administrativa de nuestro país, para que la actividad sancionadora de la Administración sea legal, necesita que en el caso en concreto, primeramente, se verifique que el acto u omisión sancionable se encuentra claramente definido como infracción en el ordenamiento jurídico aplicable, una vez establecido lo anterior, como parte del ejercicio inherente a la tipicidad, debe adecuar las circunstancias objetivas y personales determinantes del ilícito al supuesto de hecho establecido por la norma. (Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia Definitiva: 269-2006, de fecha 24/09/2009).
      II. Pues bien, del análisis de los hechos y alegaciones planteadas por la denunciante, se colige que las conductas por ella descritas no se enmarcan en ninguno de los supuestos fácticos establecidos en el citado Art. 76. Es más, los comportamientos puntualizados podrían corresponder a aspectos propios de la ética gubernamental y fiscalización de la gestión; en consecuencia, la tramitación de una denuncia ante este Instituto no es la vía procedimental idónea para el caso en análisis.
      Por lo antes expuesto, la denuncia interpuesta carece de los presupuestos materiales y sustanciales necesarios para su tramitación, puesto que no existe correspondencia entre los hechos descritos y las conductas típicas establecidas en la LAIP; en otras palabras, las deficiencias de su petición no se limitan al aspecto formal subsanable detallado en el romano I, sino que afectan directamente el fondo de la pretensión. Este tipo de deficiencias de fondo no son subsanables e impiden por completo que este Instituto pueda emitir un pronunciamiento, afectando directamente la pretensión en sus requisitos esenciales. Por lo anterior, en aras de promover el acceso eficaz a la justicia administrativa y evitar el dispendio innecesario de recursos o provocar dilaciones indebidas, con base en los Arts. 102 de la LAIP y 277 inciso 1º del CPCM, la referida denuncia debe declararse improponible.
      No obstante lo anterior, este Instituto ?como máximo garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública y datos personales? considera oportuno ampliar la orientación brindada a la denunciante. En este sentido, se indica a la señora que puede presentar sus denuncias, al Tribunal de Ética Gubernamental y a la Corte de Cuentas de la República.
      Sobre la base de los argumentos antes expuesto, las disposiciones legales citadas y de conformidad a lo establecido en los artículos 6, 11, 18 de la Constitución; y, 102 de la LAIP en relación el 277 inciso 1° del CPCM, este Instituto, resuelve:
      Declárase Improponible la denuncia interpuesta por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en contra de Roberto Quijada Cartagena, Morena Solís y Ricardo Flores Salazar.
      Notifíquese.

      
      
      
PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN
cc
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